lunes, 3 de abril de 2017

INUNDACIONES EN EL NORTE PERUANO POR EL NIÑO COSTERO

Los amigos de MAAP nos hacen llegar la importante información:

"Intensas precipitaciones han generado desbordes e inundaciones en la costa norte y centro del Perú, durante marzo del 2017.
Se trata de un fenómeno denominado El Niño Costero, producido por el calentamiento anómalo del mar, focalizado en la costa ecuatorial del océano Pacífico.
La Imagen 56 muestra un estimado preliminar de las áreas inundadas en la costa norte. La estimación de estas áreas (color rojo), se ha generado a través de un análisis con imágenes de radar (Sentinel-1), identificando las zonas con saturación de agua.
A continuación, mostramos imágenes satelitales de las zonas indicadas por los...
Más información en:
 http://maaproject.org/2017/inundaciones/

martes, 28 de marzo de 2017

MAAP #55: NUEVOS VIENTOS HURACANADOS EN EL 2017

Nuestro amigos de MAAP nos hacen llegar una importante información que compartimos:

"En enero del 2017, las alertas GLAD indicaron dos nuevos eventos de vientos huracanados, en la región Madre de Dios. A continuación, mostramos imágenes de alta resolución de estos dos casos. Lo primero es un evento grande, con una pérdida de 317 hectáreas (equivalente a 434 campos de fútbol) (Imagen 55a). El segundo es un evento de 75 hectáreas (101 campos de fútbol) que ocurrió al interior de una concesión forestal (Imagen 55b)..."

Más, en:

http://maaproject.org/2017/vientos-huracanados2/


domingo, 26 de marzo de 2017

¿Casos de corrupción o crimen organizado?

Gracias a nuestro amigo por compartir, con voz autorizada por su vasto conocimiento de la golpeada Amazonia el importante artículo que desnuda la corrupción organizada desde el mismo Estado.

¿Casos de corrupción o crimen organizado?
Alberto Chirif

Hace poco más de un mes escribí un corto texto en el que señalé cómo en el caso de la llamada carretera Transoceánica Sur, o IIRSA-Sur, la corrupción se había producido incluso antes de la firma de contrato entre el Estado y el consorcio de empresas constructoras.

A raíz de esto, José Manuyama, dinámico y honesto maestro del Colegio Nacional de Iquitos y coordinador del Comité de Defensa del Agua de Loreto, me pidió que diese una charla sobre el tema, reto que acepté. Sin darme cuenta, Pepe se entusiasmó y anunció, a mí y al público invitado, que la charla sería sobre “carreteras, transnacionales y corrupción”, es decir, algo bastante más grande que lo conversado inicialmente. Otra vez asumí el reto, y afortunadamente lo hice, porque en el proceso de reflexionar sobre cómo organizar la charla, me di cuenta de varias cosas. Una de ellas es que lo que está en la raíz de mi texto sobre IIRSA-Sur, que es el hecho de que la finalidad de una obra es su construcción en sí misma por ser fuente de ganancias espurias, pero disfrazadas de legales y de benéficas para el país, no era algo exclusivo de esta iniciativa, sino que, por el contrario, varias de las que se han propuesto en los últimos tiempos han sido pensadas con la misma lógica: dar trabajo a empresas y producir utilidades a funcionarios mediante la sisa al Estado.

La otra cuestión de la que me di cuenta es que no se trata de hechos aislados debidos a un impulso del momento. No son hechos que tengan que ver con aquel relato del burro que se defiende antes el juez, señalando que la visión apetitosa del campo de alfalfa, lo había hecho sucumbir a la tentación y llevado a derribar las cercas para devorar los verdes brotes. No, no es así. Por el contrario, se trata de un bien montado sistema para que los brotes siempre estén disponibles, a fin de satisfacer apetencias insaciables de quienes, además, se cuidan de que ningún juez se interponga a su hambre. Por esto es que el título de esta charla se pregunta acerca de si se trata solo de corrupción o de crimen organizado.  

Cuando se habla de corrupción uno tiende a pensar en actos individuales y más o menos aislados. El diccionario Espasa Calpe la define así: Soborno o cohecho: la corrupción de los altos cargos del gobierno. || Perversión o vicio: corrupción de costumbres, de menores. Da una última acepción: Alteración de la forma o estructura de algo: corrupción de la materia orgánica. Como sinónimos de las dos primeras acepciones da: corruptela, depravación, perversión, vicio, prostitución, envilecimiento y deshonestidad; y de la tercera: descomposición, putrefacción, podredumbre, peste y fermentación.

Para el caso lamentable de lo que sucede en nuestro país y que hoy emerge a la luz principalmente por las denuncias formuladas en otros países, en especial Brasil, los Estados Unidos y Suiza, considero que resulta más preciso y expresivo usar los términos que definen la descomposición de la materia orgánica: putrefacción, podredumbre, peste. Sin embargo, tengo una duda porque en el caso de la descomposición de la materia orgánica se trata de un proceso íntimamente relacionado con el florecimiento de la vida que viene después, como es fertilizar un campo para dar nacimiento a la floración y fructificación de las plantas; mientras que en el asunto que nos atañe ahora, el de la corrupción política, la experiencia nos da demasiados ejemplos de que la putrefacción no es seguida por el renacimiento sino por mayor putrefacción.

Para muestra, un botón. Basta recordar el periodo pasmoso que siguió a la caída del gobierno de Alberto Fujimori, cuando una vertiginosa sucesión de videos dio cuenta de la venta al peso de conciencias de jueces, empresarios, militares, periodistas, artistas y muchos más; y cuando la información que salió a la luz puso en evidencia el aprovechamiento descarado del aparato del Estado y de los fondos públicos para fines privados y negociados, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que recibieron armas caídas del cielo en paracaídas soltados por aviones peruanos, a cambio de coca. ¿Con qué otra moneda podría pagar este ejercito paralelo?

En ese momento, una primavera emergente anunció que la podredumbre cumpliría el proceso natural de regenerar la vida. Un presidente transitorio decente se rodeó de gente honesta para tratar de poner orden en la casa, y se avanzó en este sentido, hasta que su sucesor devolvió las cosas a su rumbo conocido, que gobernantes posteriores se han encargado de profundizar.

Con esta salvedad, de que en el caso de nuestra política la putrefacción es seguida por mayor fermento y no por la regeneración de la vida es que utilizaré este término.

Como se articula la corrupción

Quiero diferenciar “casos de corrupción” con “crimen organizado”, como ya lo he mencionado, para poner énfasis en el hecho de que en este segundo, se trata de un sistema preparado para delinquir y sangrar al Estado mediante mecanismos impuestos como parte de una legalidad armada. En Wikipedia encuentro una interesante precisión. Dice: “La diferencia central entre crimen organizado y grupo criminal, es que en el primero existen personas con los vínculos necesarios para evitar ser perseguidos por los delitos que cometen o evitar la pena o castigo de los mismos, y el grupo criminal no tiene estos vínculos”. Observación exacta que es necesario recordar: el crimen organizado necesita contar con una red de apoyo que incluya miembros del poder político, jueces, policías, periodistas y de otras instituciones.

Para que el sistema funcione es necesario primero capturar el aparato del Estado, lo que se logra vía elecciones en las que los candidatos suelen prometer todo lo que posteriormente no están dispuestos a cumplir. En los últimos tiempos, los ganadores han puesto en funcionamiento un mecanismo llamado “puerta giratoria”, mediante el cual un empresario se convierte transitoriamente en funcionario para, un tiempo más tarde, regresar a su actividad privada. Es decir, una misma persona intercambia papeles. No es un simple juego de roles, sino el aprovechamiento del espacio de la administración pública para desde allí generar leyes y normas diversas que más tarde los beneficiarán cuando retomen la actividad privada. Lo público se confunde con lo privado. La distinción es solo aparente. Empresarios que se disfrazan de funcionarios para producir normas en su favor, y cuando lo consiguen vuelven a vestirse de gerentes. Cuando lo son, critican al Estado de ineficiente, entonces retoman su disfraz y dan nuevas normas para eliminar lo que han llamado la “tramitología”. En se momento caen los estándares ambientales y sociales, y se rebajan, e incluso anulan, las multas por delitos ambientales e incumplimiento o transgresión de derechos laborales. Dentro de esta lógica, se insertan los llamados “paquetazos ambientales” que han demolido los avances que se habían construido a través del tiempo para intentar que las actividades productivas, y en especial las extractivas, se realicen respetando el ambiente.            

En lo referente a las leyes, en el Perú existen los llamados contratos-ley mencionado en el Art. 62º de la Constitución, mediante los cuales: “el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente”. Sobre esta base, el Estado cierra filas cuando se le plantea la necesidad de renegociar un contrato desventajoso o abiertamente lesivo para los intereses del país: no se puede cambiar nada, dice. Esto no es exacto, ya que mediante negociación directa entre las partes sí se puede llegar a un nuevo acuerdo.  

Humberto Campodónico se ha referido a este tema en un texto suyo (¿Se puede renegociar el contrato del Lote 56 del gas de Camisea?), difundido en Otra Mirada  (3.3.16). Según sus propias palabras: “La cuestión es que, desde 1993 en adelante, se han suscrito más de 250 contratos-ley y la mayoría de ellos han sido renegociados (algunos de ellos varias veces) lo que se plasma en la suscripción de una adenda, o varias, al contrato-ley. Entre los más recientes: Centro Comercial Aventura Plaza, Aeropuerto Jorge Chávez  (6 adendas), Puerto de Matarani (Grupo Romero, 3 adendas), Ferrocarril del Centro (9 adendas) y Metro de Lima (3 adendas). // La particularidad es que el 99% de las renegociaciones se han dado a pedido de la empresa privada, casi nunca del Estado. Pero el Estado también le puede plantear la renegociación a la empresa, por tales y cuales motivos. Y la empresa tiene que sentarse a la mesa”.

Campodónico es exacto en su análisis, aunque se quedó corto en el tema de las adendas porque en ese momento no se conocía la magnitud de estas. Hoy se sabe que solo durante su segundo gobierno, el presidente Alan García promulgó una ley, un decreto y 15 adendas que tuvieron como beneficiaria principal a la empresa Odebrecht. (Ver sobre el tema “Alan en el ajo”, de Américo Zambrano, en Hildebrandt en sus trece. Nº 338. Año 7. 10 de marzo de 2017.)

Por otro lado, las leyes peruanas permiten que la empresa ganadora de una licitación negocie sus derechos con un tercero. Se trata de una disposición absurda porque durante la evaluación de los postores el Estado califica sus conocimientos y experiencia en la materia del contrato, y sobre esta base aprecia si estos están de acuerdo con los montos que está dispuesto a pagar por sus servicios. Esto no pasa con el subcontratado, cuya elección queda en manos del titular del contrato. En la transacción, este último retiene a su favor una parte del pago efectuado por el Estado. Es decir, gana dinero pero no hace nada. Si el Estado estableciera un acuerdo directo con empresas de menor calidad como las que subcontratan los titulares, les pagaría menos y evidentemente ahorraría dinero. En este caso no ahorra sino que benéfica a una empresa parásita que no ejecuta la obra.

El crimen organizado impone un uso arbitrario de las normas de excepción. La opción recurrente es declarar de interés nacional una iniciativa para así levantar las restricciones que puedan pesar sobre ella.

No obstante que la Constitución (Art. 62ª) establece severas restricciones que señalan que los extranjeros “no pueden adquirir ni poseer, por  título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, [...salvo...] el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley”, hasta hace pocos años la totalidad de las fronteras peruanas estaban entregadas a empresas con fines de exploración o explotación de minerales, hidrocarburos y otros recursos. Si esto ya no es así es porque la cuenca del Putumayo, en ausencia de recursos petroleros, ha sido eliminada de las zonas ofertadas por el MINEM. Si la excepción se convierte en la regla, tal vez sería necesario reformular la redacción de ese artículo de la Constitución. Podría ser: “todos los extranjeros pueden adquirir y posee..., salvo casos de necesidad pública”.

Varios de los proyectos que hoy son materia de investigación han apelado con éxito a mecanismos de excepción establecidos en la ley. Entre ellos, se cuenta la Transoceánica-Sur o IIRSA-Sur que fue considerado una iniciativa de interés nacional, razón por la cual se la liberó de realizar los trámites previstos en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Es claro que la liberación de estos trámites implica un menor control por parte de los entes supervisores del Estado.

Por último, para que el sistema legal sea funcional a los intereses que defiende el crimen organizado es indispensable contar con un Poder Judicial atento a las órdenes que se le den. Los mejores ejemplos de esto los tenemos de la época cuando el presidente Fujimori dirigía el país. Jueces y fiscales estaban al servicio de un sistema minuciosamente organizado para delinquir. Pero sería injusto limitar el comportamiento doloso de jueces a esa época.   

El tema no se agota en cuestiones legales. El lingüista Noam Chomsky ha elaborado una lista de las “Diez Estrategias de Manipulación” a través de los medios de comunicación. Él señala: “El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes”.

Ejemplos de esto sobran en nuestro medio. Los llamados programas de la farándula emitidos por algunos canales se convierten luego en tema de los noticieros de esas emisoras, que dedica el resto del tiempo a sucesos que alimentan el morbo de la población (robos, asaltos, asesinatos, violaciones, accidentes y otros), pero evitan cuidadosamente reflexionar sobre los hechos importantes que afectan al país.   

Las modalidades

Con el poder en las manos, las modalidades de la corrupción se abren como un amplio abanico. La apropiación directa de bienes destinados a fines sociales, o incluso a paliar las consecuencias de graves desastres, es la más bruta y burda de ellas. Por ejemplo, las donaciones de ropa para gente necesitada de las que se apropiaron hermanos del presidente Fujimori para instalar un negocio en que las ofertaban como mercadería de venta. Hace parte de esta modalidad el aprovechamiento de situaciones de tragedia para robar, por ejemplo, sobrevaluando obras o el precio de maquinarias destinadas a atender desastres causados por un sismo, un incendio o una inundación. Si por patria se entendiera no solo la reproducción de gestos formales que no comprometen, sino la responsabilidad que deben tener funcionarios y ciudadanos en general con la vida y la dignidad de la gente y el destino de la Nación, hechos tales de corrupción serían considerados auténticos actos de traición a la patria.

Sabemos ya del tema de las adendas a los contratos y de los beneficios generados a través de la “puerta giratoria”, utilizada para dar normas que luego benefician a empresas de las cuales los funcionarios temporales son dueños o accionistas principales.

El tema de las Asociaciones Publico Privado es una manera mediante la cual la empresa privada utiliza fondos del Estado para financiarse. La modalidad de “obras por impuestos” es otro mecanismo para sangrar al Estado. Consiste en que este, en vez de cobrar un tributo, le da la opción a la empresa de ejecutar obras. ¿Por qué le puede interesar a la empresa privada un mecanismo de este tipo que le añade la preocupación de ejecutar una obra o velar por su cumplimiento? Considero por dos razones: por la rebaja de impuestos que debe estar implícito en el acuerdo y por la posibilidad de subir los costos de la obra para así descontar mayores impuestos. Si la empresa gastase lo mismo pagando impuestos que ejecutando obras a cambio de estos, es lógico que optaría por lo primero que de una vez la liberaría de su obligación con el Estado.       

Me pregunto si el tema de los llamados “paquetazos” ambientales y sociales, compuestos por decenas de normas legales que declaran como finalidad la reactivación económica del país, no son también una modalidad de corrupción. ¿Por qué? Porque evidentemente no han cumplido con su objetivo, y no lo han hecho porque no constituyen medidas adecuadas para superar la crisis. Esta, como lo han señalado hasta el cansancio especialistas en temas económicos, se debe a la caída de los precios de los productos de exportación del Perú (principalmente minerales) en el mercado internacional, lo que quiere decir que mientras estos no se incrementen, la reactivación será una quimera. ¿Para qué entonces los “paquetazos” y cómo así estos pueden ser considerados estrategias de corrupción? Porque preparan el camino para el reingreso triunfante de las empresas una vez que los precios de los productos se incrementen. Entonces ellas contarán con condiciones favorables, libres de barreras laborales y ambientales. La asociación pública privada habrá demostrado su eficiencia.

Para entrar en la última parte de esta exposición, me voy a referir a una modalidad que se ha impuesto con fuerza desde hace ya algunas décadas como estrategia del crimen organizado, aunque recién ahora comienza a hacerse evidente. Se trata de concebir a los proyectos como una finalidad en sí misma, sin tener en cuenta si verdaderamente las obras servirán o no para los fines que dicen perseguir.

El ejemplo de la Transoceánica-Sur es uno. La declarada finalidad de esta vía para captar el beneficio de las exportaciones de carne y soja de Brasil, como ha quedado demostrado, era una patraña, ya que varios años después de construida la carretera, ningún camión (no es una figura retórica es un dato: ni uno) procedente de ese país la ha atravesado para llevar su carga a Ilo o Mollendo.

El caso de las centrales hidroeléctricas es parecido. Han sido sobredimensionadas con el mismo fin señalado en el punto anterior: ganancias para las empresas constructoras y coimas para los funcionarios. En abril de 2009, el gobierno del presidente García firmó un memorando de intenciones con Brasil para construir centrales hidroeléctricas en la Amazonía. Parte de la energía sería para abastecer el país y la otra, para venderla a Brasil. Estas centrales incluyen la de Inambari, en Madre de Dios, cuyo embalse destruiría muchos kilómetros de la recién construida Transoceánica-Sur, además de inundar territorios indígenas y asentamientos de colonos; y la de Paquitzapango en el Ene, que desplazaría unas 10 000 personas, ashaninkas en su mayoría, al quedar su territorio bajo agua. Esta última ha sido frenada por la Central Ashaninka de Río Ene.

El Ministerio de Energía y Minas maneja sus propias propuestas, que son más que las antes mencionadas. Dourojeanni et al (Amazonía peruana en 2021. Lima, 2010) presentan un cuadro de “Proyectos de infraestructura de energía hidráulica en la cuenca amazónica del Perú 2009-2021” que incluye 52 proyectos, algunos de los cuales afectarán directamente a pueblos indígenas, como los de Manseriche, Tsomabeni Tambo-Puerto Prado y Mazán.

Como si esto fuera poco, el gobierno del presidente Alan García promulgó, en abril de 2011 (muy poco tiempo antes de dejar el cargo), un decreto Supremo declarando de interés nacional y social la construcción de 20 hidroeléctricas solo en la cuenca del Marañón, dos de las cuales afectarán a población indígena (Escurrebraga y Manseriche) y el resto, a campesinos andinos.

Todas estas iniciativas sumadas producirán energía eléctrica que supera las necesidades del país. La finalidad subyacente a ellas parece ser entonces darles trabajo e ingresos a empresas brasileñas y canalizar pagos bajo la mesa (coimas) a funcionarios peruanos.


Hoy día la tragedia ha caído sobre el país a raíz de las lluvias que han destruido viviendas e infraestructura. Se necesitará de una fuerte inversión para salir adelante y recuperar las pérdidas. Es un momento de demostrar solidaridad y de tener cuidados especiales para evitar que los buitres se aprovechen de la desgracia.

viernes, 24 de febrero de 2017

Pluspetrol: El alma de Camisea y el Tunchi de los lotes 192 y 8 en Loreto

Gracias a nuestro amigo, el antropólogo Alberto Chirif, experto en la problemática amazónica compartimos un artículo de Frederica Barclay, experta historiadora también en Amazonia y su desarrollo cuidadoso.

Pluspetrol: El alma de Camisea y el Tunchi de los lotes 192 y 8 en Loreto
Frederica Barclay
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú- Equidad

El alma de Camisea (http://elalmadecamisea.com/) es el nuevo sitio desde el que la empresa petrolera Pluspetrol se propone arrullarnos con cuentos (“Historias para contar”). Pero algunos de los cuentos que no cuenta en público son del calibre de “El Aro” que se estrena estos días en el cine, y causan mucho más miedo que el tunchi en Loreto[1].  Aquí uno espeluznante.
En el año 2015, a las puertas de la licitación del lote petrolero 192, Pluspetrol emprendió una costosa campaña publicitaria que hoy retoma en vísperas de la nueva licitación del lote, para intentar mejorar su imagen, como entonces. Como se sabe, en agosto de ese año Pluspetrol dejó el  lote 1AB (ahora 192) que explotó por 15 años sin presentar un plan de abandono, sin haber cumplido el Plan Ambiental Complementario (PAC) del 2006, que venció en el año 2009 (Informe Nº 411-OEFA/DS-HID: p. 4, 19 y 20). Al irse del lote dejó un reguero de contaminación que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental  que la OEFA (ver el Informe Nº 411-214-OEFA/DH-HID) se ha encargado de señalar para imponerle multas que la empresa no paga y mientras continúa a cargo del lote 8, también en Loreto (ver http://convoca.pe/investigaciones/los-millones-perdonados-las-petroleras).
La campaña de publicidad del 2015, en la prensa, radio y televisión, daba amplia cobertura a una noticia: la construcción de una escuela en Nuevo Andoas, comunidad Quechua del Pastaza donde se encuentra la estación de recolección de petróleo que opera desde 1978 para el bombeo del Ramal Norte del Oleoducto Norperuano.  La obra se había llevado a cabo bajo la modalidad de “Obras por Impuestos” en el año 2012-2013. Pero recién ahora sabemos bajo qué condiciones.
“Obras son amores, que no buenas razones”, ni buenas acciones
Bajo el esquema de obras por impuestos, que regula la Ley  Nº 29230, el cual permite a las empresas descontar de sus obligaciones tributarias su inversión en una obra pública, Pluspetrol  acordó con el Gobierno Regional de Loreto, que presidía Y. Vásquez Valera,  la ejecución del proyecto registrado en el SNIP con el número 61467. El proyecto valorizado inicialmente en 1´165,864 de nuevos soles había sido solicitado por Pluspetrol en el 2011 y había contado con la asesoría técnica de ProInversión para su aprobación por el SNIP con el título de “Mejoramiento y equipamiento de la institución educativa de gestión pública variante agropecuaria Andoas Nuevo, Distrito de Andoas, Provincia de Datém del Marañón” para beneficiar a 136 alumnos locales.


Tan satisfecho quedó el Estado (y la empresa) que tras una inversión final de S/. 1’500,000 nuevos soles, en diciembre del 2014 ProInversión otorgó a Pluspetrol un premio en la categoría de Empresa con el proyecto más inclusivo ejecutado a través de Obras por Impuestos”  (¡!) (http://www.obrasporimpuestos.pe/0/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?ARE=0&PFL=0&NOT=102





Sin embargo, lo que la empresa Pluspetrol Norte no había contado es que ella sabía que el colegio agropecuario, situado frente a la cancha de fútbol de la comunidad de Nuevo Andoas, se ubicaba a su vez a menos de 200 metros de un sitio contaminado designado por la petrolera como “ANDO01”, como lo deja saber el informe final de la consultora CH2M HILL Ingeniería del Perú, de abril del 2015.

Con conocimiento de causa
Una vez inaugurada la obra, computada la cancelación de obligaciones tributarias compensadas con la inversión, y premiada por ProInversión, en el año 2014 la empresa petrolera Pluspetrol contrató a la firma CH2M HILL Ingeniería del Perú S.A.C. llevar a cabo un Levantamiento Técnico del Sitio (LTS) ANDO01. Conocemos los detalles del Levantamiento Técnico del Sitio ANDO01 por el reporte (Informe de Identificación de Sitio. Pluspetrol Norte S.A., Lote 1AB Loreto, Perú. Sitio ANDO01) que estuvo disponible por algunas semanas en el portal de Perupetro a propósito de la próxima licitación del lote 192 al que se dice Pluspetrol quiere regresar.
El sitio ANDO0 1 se encuentra fuera de  las llamadas “facilidades industriales” de la base petrolera de Andoas, donde se ubica su campamento principal (en amarillo en la siguiente figura), y se ubica en terrenos de la comunidad Nuevo Andoas. Sin embargo, en su momento se declaró irregularmente a la integridad del lote --que se encuentra superpuesto completamente a territorios indígenas-- como área industrial, con lo que se beneficia se la aplicación de los estándares ambientales  mucho menos exigentes, que son los que rigen para áreas industriales. Así por ejemplo, para el caso de hidrocarburos, los suelos industriales permiten un poco más del doble de las fracciones que se permiten en suelos agrícolas (Anexo 1 del D.S. No. 002-0013-MINAM).




A base de imágenes y documentación puesta a disposición por Pluspetrol,  incluyendo el PAC 2006, CH2M HILL identificó en su estudio del sitio de agosto del 2014 “fuentes, focos y vías potenciales de contaminación”, indicando que “de acuerdo a estudios previos” se había podido establecer que “dicho sitio cuenta con información histórica y evidencias relevantes de campo que indican la presencia de impacto con hidrocarburos en el suelo”.  Es decir, era un hecho conocido que el sitio se encontraba contaminado por lo que se solicitaba a la consultora que determinara si la contaminación excedía los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelos de uso industrial.





Si bien por ampararse en la condición atribuida de suelos no industriales el estudio de las muestras determinó que las muestras colectadas no superaban los ECA para suelos de uso industrial, la consultora identificó tres focos de contaminación para los que señalaba no se podía descartar la exposición por contacto por parte de las comunidades nativas “y por lo tanto ser considerada [un área] para la evaluación de posibles receptores de contaminación”. Para señalar esto la consultora CH2M HILL tomó en cuenta los lineamientos de la Guía para la elaboración de estudios de Evaluación de riesgos a la Salud y el Ambiente (ERSA) en sitios contaminados  aprobada por la Resolución Ministerial 034-2015-MINAM del Ministerio del Ambiente, aprobada en febrero del 2015, que establece los criterios para la identificación de riesgos para la salud de las personas.
Los focos identificados incluían un entierro histórico de borras, un canal que al ser hincado despedía el olor característico de los hidrocarburos y mostraba la habitual iridiscencia y residuos metálicos, tales como baterías.
Las borras son nada menos que residuos peligrosos oleaginosos que se generan en el almacenamiento de productos derivados de petróleo en tanques de almacenamiento formados por lodos de perforación, hidrocarburos y otras sustancias. Se los considera sólidos altamente inflamables. El informe detalla que en 4 de 6 sondeos “se percibió olor a hidrocarburos que van desde una intensidad baja hasta alta” (p. 9-1). Y aunque ajustándose a los ECA de suelos de uso industrial ninguna muestra superó tales parámetros, el informe deja claramente establecido que “Sin embargo, por la información histórica que se tiene y las concentraciones encontradas, cercanas a los ECA industriales en los sondeos 10 y 11, se podría considerar como fuentes potenciales de aporte a los remanentes de aquellos entierros que posteriormente fueron removidos (p. 10-1).  Asimismo, el detector de fotoionización, que detecta gases, halló una lectura máxima entre 0,50 y 1,00 metros bajo el nivel de la superficie que alcanzó las 420.90 partes por millón, anotando a este respecto que el punto de muestreo se hallaba a “a unos 100 m de distancia de las viviendas encontradas alrededor del sitio”. Al respecto, CH2M HILL hacía notar que en el área de afectación el 66.79% eran menores de 25 años (p. 6-1) y que entre la población “potencialmente expuesta” estaban incluidos los “Habitantes de las viviendas y concurrentes a la escuela existentes al norte del sitio” (p. 10-2). Este sitio se ubica en el llamado Barrio 13 de la comunidad de Nuevo Andoas.





CH2M HILL encontró entre las “sustancia relevantes” que saturaban suelos en algunos puntos las siguientes: HTP (Hidrocarburos Totales de Petróleo), BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos) y HAPs (Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares). Aunque, nuevamente, por tratarse de suelos no industriales no se consideró que éstos existían en niveles críticos, la consultora se cuidó de indicar que aparte de los trabajadores y subcontratistas de Pluspetrol Norte que eventualmente circularan por el sitio, estaban expuestas a contaminación las comunidades nativas y, asimismo, que la fauna y flora constituían receptores ecológicos de la contaminación de los suelos.
En este sentido, de acuerdo al estudio de las pendientes y otros factores, el estudio encontró que existía riesgo “exposición completa” vía propagación a nivel de infiltración en los terrenos, dispersión superficial por inundaciones y a través del flujo del canal existente remanente de antiguas operaciones, así como riesgo de dispersión atmosférica (por inhalación de vapores o partículas). En cambio desestimaba el riesgo de disolución y dispersión hacia las aguas subterráneas a pesar de haber señalado “no se cuenta con información bibliográfica alguna que indique la profundidad aproximada de ocurrencia del nivel freático en el Lote 1AB o en el área del sitio” (p. 3-1) asumiendo además que por no haber encontrado pozos de agua, no habría riesgo de perforación, no obstante que la población de la comunidad de Nuevo Andoas  no tiene acceso a agua potable y que el programa de monitores de FEDIQUEP registra la existencia de varios pozos en este barrio.

“Adelantando el desarrollo”
“Adelantando el desarrollo” era el lema de la premiación organizada por ProInversión de proyectos realizados con el esquema de obras por impuestos, y la categoría con que Pluspetrol fue premiada fue la de Empresa con el proyecto más inclusivo.
¿Es porque la comunidad nativa Quechua Nuevo Andoas ha sido clasificada como “pobreza extrema”, de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 277-2014-MIDIS, que el Estado puede promover una “integración” en estos términos? Son los comuneros, que tienen la mala suerte de superpuestos lotes petroleros, “ciudadanos de segunda categoría” como ya sugirió Alan García en otro contexto?[2].
¿Cómo puede una obra por impuestos, destinada al mejoramiento de un colegio que debía beneficiar a una población masiva y continuadamente afectada por la contaminación de suelos y cursos de agua por hidrocarburos a lo largo de 4 décadas haber sido llevada a cabo en tales condiciones? ¿Qué papel juegan en la calificación de los proyectos de obras por impuestos ProInversión y los Gobiernos Regionales que no son capaces de resguardar los derechos de los ciudadanos peruanos?  El artículo 2, de la Constitución peruana de1993 reconoce el “el derecho fundamental de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado y equilibrado”. El Estado está obligado a cumplir la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por las Naciones Unidas en 1989 y ratificada por el Perú. Pero los derechos de los niños indígenas que ya sufren la afectación continuada de su derecho al medio ambiente sano no es adecuadamente reconocido y atendido. 
¿Se puede aceptar que una empresa descuente sus obligaciones tributarias a cambio de la construcción o mejoramiento de un colegio en una comunidad a sabiendas de que algunos focos de contaminación se encontraban a menos de 200 metros de la zona donde estudian niños? No es esta una forma extremadamente perversa de “blanquear” responsabilidades de contaminación ambiental y remediación pendientes a cambio de “una contribución al desarrollo” de las comunidades nativas, en palabras de ProInversión y de Pluspetrol?
Lo mínimo que debería esperarse es que el Estado (¿Ministerio de Economía y Finanzas? ¿SUNAT?, GOREL? ¿ProInversión?) anule a Pluspetrol su canje de deuda tributaria por la inversión en la construcción de un colegio, a sabiendas de su cercanía a un sitio contaminado sustancias tan peligrosas como HAPs, BTEX y HTP. Aún si el sitio hubiera sido contaminado por el concesionario anterior (Occidental), Pluspetrol  --que por contrato está obligado a remediar estos sitios--tenía conocimiento de esta contingencia como lo prueba el hecho de que encargó un Levantamiento Técnico del Sitio ANDO01. Se debe asegurar que proyectos con graves fallas como éste se cuelen en el esquema de obras por impuestos o en las asociaciones Público Privadas.
¿Puede la empresa, en este caso, negar que ha dado amplias muestras de irresponsabilidad con el ambiente y las personas y con la legislación ambiental y ha desafiado continuamente a la autoridad ambiental. ¿Mientras la opinión pública espera que Pluspetrol asuma su responsabilidad de diseñar y financiar adecuadamente un plan de abandono de este lote (lo que debería hacer de inmediato) y de pagar las numerosas multas ambientales que le han impuesto OEFA y OSINERGMIN, puede dejarse pasar así no más este caso? ¿Puede Pluspetrol postular a la licitación del lote 192 con todos sus antecedentes?







[1] El tunchi es un espíritu que vaga de noche, muy temido. Se conoce su presencia por el un silbido penetrante característico que en Loreto todos conocen. 
[2] Con relación al discurso de “El Perro del Hortelano” el entonces Presidente de la República Alan García cuestionó que los indígenas amazónicos fueran ciudadanos de primera categoría.






martes, 21 de febrero de 2017

MAAP Síntesis #2: Patrones y Drivers de Deforestación en la Amazonía Peruana

Los amigos de MAAP nos hacen llegar su sintesis #2

"Presentamos nuestro segundo reporte de síntesis, desarrollando con mayor detalle nuestro primer reporte publicado en setiembre del 2015. Esta síntesis está basada, en gran medida, en los 50 reportes del MAAP, publicados entre abril del 2015 y noviembre del 2016. El objetivo es resumir la información más pertinente hasta la fecha, concerniente a las tendencias, patrones, y drivers de deforestación en la Amazonía peruana.
La metodología del MAAP consta de 4 componentes principales: Detección de pérdida de bosque, Priorización de los datos, Identificación de drivers de deforestación, y Publicación de reportes amigables para el usuario. Más adelante, puede encontrar la sección “Metodología” para más detalles."
Las gracias a:
Matt Finer, PhD
Research Specialist
Amazon Conservation Association 
1012 14th St NW, Suite #625
Washington, DC 20005



Pueden continuar leyendo en:

http://maaproject.org/2017/maap-sintesis2/

miércoles, 15 de febrero de 2017

IRSA Sur: corrupción comenzó antes del contrato

Por ser de interés nacional e internacional comparto con los lectores el importante e informado artículo de Alberto Chirif, antropólogo de valioso y reconocido trabajo por más de cuatro décadas en la Amazonia.

IRSA Sur: corrupción comenzó antes del contrato

Alberto Chirif

Circula actualmente una cantidad impresionante de información sobre la corrupción vinculada a la carretera Interoceánica Sur o IRSA-Sur. Tal vez algunas personas no sepan que esta vía hace parte del proyecto “Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana” (IRSA) que incluye proyectos viales, energéticos y de comunicaciones. En la construcción de esta vía han participado importantes compañías brasileñas, entre ellas Odebrecht, y algunas peruanas, todas ellas sacudidas por escándalos de coimas y de grosero aprovechamiento de fondos públicos. Frente a la investigación “Lava Jato”, conducida por el poder judicial del Brasil, el Perú ya no han podido cerrar los ojos ante las evidencias de corrupción que comprometen a sus últimos gobiernos. En estas líneas planteo que la corrupción se produjo incluso antes de la firma del contrato, cuando se hizo pasar gato por liebre al señalar que esta vía era importante para dinamizar el intercambio comercial entre Perú y Brasil.

Antes de señalar el punto central quiero, sin embargo, referirme a la característica de interoceánica de una vía. En realidad, todas las carreteras en el Perú que partiendo de la costa trasponen la Cordillera de los Andes y llegan a la cuenca amazónica son interoceánicas, en tanto comunican la cuenca del Pacifico con la del Atlántico. Es decir, las carreteras a Olmos-Bagua, Lima-Pucallpa, Cusco-Puerto Maldonado y otras son interoceánicas por definición. Dentro del proyecto IRSA, la Interoceánica Sur no es la única vía con este carácter. Está también la Interoceánica Norte que debe cubrir un tramo de 955 km entre Paita (Piura) y Yurimaguas (Loreto). La diferencia con la Sur es que mientras esta termina en la frontera y de allí entronca con la red vial del Brasil, la Norte termina en Yurimaguas, a orillas del Huallaga, desde donde se puede seguir solo por río para comunicarse con los países ubicados aguas abajo: Colombia y Brasil.

IRSA Sur más que una vía es una red de carreteras que han sido divididas en tramos: el uno, de 762 km, parte de San Juan de Marcona (Ica) y, luego de pasar por Puquio y Abancay, llega a Urcos (Cusco). El dos, de 300 km, va desde Urcos hasta Puente Inambari (Madre de Dios). El tres, de 403 km, une Puente Inambari con Iñapari, en la frontera con Brasil. El cuatro, de 305 km, recorre desde Puente Inambari hasta Azángaro (Puno). Finalmente el cinco, de 814 km, está en realidad compuesto por dos carreteras: una que parte de Mollendo (Arequipa) y la otra de Ilo (Moquegua), corren luego paralelas hacia el este hasta encontrase en Juliaca, donde se juntan para llegar a Azángaro. En total se trata de una vía de 2 585 km.

La característica especial de la Interoceánica Sur es ser la única vía que permite ir desde Perú hasta Brasil directamente, sin pasar, por ejemplo, por Bolivia o Argentina. Y este ha sido el motivo con el cual los voceros, tanto del Estado como de la empresa, le han tratado de dar un atractivo especial a su construcción, señalando que ella permitiría captar las exportaciones de Brasil al Asia y, por lo mismo, dinamizar fuertemente la economía del sur del Perú.

Se trata de una mentira monumental que, por supuesto, no se la creyeron los que hacían la propaganda señalando que esta era la finalidad de la carretera. El planteamiento no resistía ningún análisis medianamente informado.

Brasil es un país poderoso desde el punto de vista de su economía, muy mal distribuida, por cierto, lo que hace que registre un el alto porcentaje de población en situación de pobreza. El estado limítrofe con la región de Madre de Dios es Acre. Su principal producción es carne de ganado, soya, castaña y jebe o shiringa. Relativamente cercanos están dos estados: Amazonas (Manaos) que no está conectado por carretera con la capital de Acre (Río Branco), y Rondonia, que sí lo está. Amazonas vive de la extracción de recursos naturales y de la condición de puerto franco de Manaos. Rondonia, produce también carne de ganado y soya.

En resumen, en el papel, es el estado de Acre, por su situación limítrofe con Madre de Dios y por enlazarse con las carreteras peruanas, por la ruta Río Branco-Asís- Iñapari y, desde allí, Puerto Maldonado y el resto del Perú, el que más podría exportar al Asia sus principales productos por esta carretera, en especial, soya y carne de ganado. Sin embargo, no lo hace. He recorrido esta ruta y he hecho consultas a personas que viven y trabajan en Madre de Dios, y las respuestas corroboran lo que he visto: ningún camión brasileño ha llegado del Acre a Puerto Maldonado, transportando carga hacia los puertos peruanos de Marcona, Mollendo o Ilo.  

¿Por qué? ¿Son tontos los brasileños que están perdiendo oportunidades de hacer buenos negocios exportando sus productos al Asia por esta vía? Nada de eso.

Solo un ingenuo desinformado (y no lo son ni los funcionarios públicos ni los empleados y accionistas de las compañías constructoras) puede haber pensado que los industriales brasileños estarían dispuestos a embarcar carne o soya en el Acre con rumbo al Perú, para encontrarse con una carretera de segunda categoría (la Interoceánica no es autopista) que los conduce, luego de muchas penurias, a los puertos del sur, carentes del equipamiento que demanda un empresario que busca que su carga llegue de manera segura a su destino. Pero hay más. No solo la carretera es de segunda categoría sino que atraviesa por una geografía difícil, que en su parte más alta alcanza cerca de 5000 msnm y -acá la cereza en la copa- está sujeta a continuos bloqueos por parte de población que protesta por la traición de gobiernos que les prometen maravillas en campaña (“agua sí, oro no”, por ejemplo) que luego incumplen (“una cosa es lo que uno dice en campaña y otra es lo que hace cuando gobierna”, dijo un expresidente sin que en su rostro asomara el mínimo rubor).

Si bien es verdad que esta vía ha mejorado algunos tramos nacionales, por ejemplo, el que va de Cusco a Puerto Maldonado, también lo es que gran parte de esta vía ya existía desde mucho antes del contrato que comentamos, y en buenas condiciones. De todas maneras, su pretendida utilidad como vía dinamizadora del comercio con Brasil no tienen ningún sustento.

Lo que ha sí ha dinamizado esa carretera son la minería ilegal y la tala descontrolada del bosque. Según una fuente fidedigna que trabaja en la región, “los camiones de madera y los carros que llevan el oro a puntos clandestinos en la frontera utilizan la carretera Interoceánica. Sin embargo –añade- siempre transitaban por las mismas rutas antes de que ésta fuera mejorada como está ahora”.

Mentir para justificar una carretera sabiendo que los objetivos planteados no son viables es expresión de corrupción. La principal finalidad de la carretera ha sido la construcción misma, los 800 millones de dólares de costo inicial que luego de 22 adendas se convirtieron en 2000. Esto por el lado de los constructores. Por el de las autoridades nacionales, sabemos ahora de los 20 millones de dólares que recibió el expresidente Toledo. Él recibió el 1% del costo total de la obra. Aún no se sabemos cuánto han recibido otras autoridades.

¿Y por qué digo que autoridades y constructores sabían que la construcción no iba a cumplir con la finalidad propuesta? Porque se aseguraron de varias formas de ganar dinero. La primera es mediante el financiamiento que fue asumido por el Estado y la segunda es porque obtuvieron la concesión de la vía para cobrar peaje a cargo de su mantenimiento.

Hay una tercera que es otra cereza y la tomo de un power point presentado por el Ing. Henry Zaira Rojas, que asumió el cargo de viceministro de Transportes y Comunicaciones en 2014. En caso que “Los ingresos por peaje no cubren la inversión y operación del proyecto, la diferencia es cofinanciada por el Estado”. ww.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/.../caex_bogota08_henry_zaira.pdf
Las empresas no tienen pierde.