¿Casos de corrupción
o crimen organizado?
Alberto Chirif
Hace poco más de un mes escribí un corto texto en el
que señalé cómo en el caso de la llamada carretera Transoceánica Sur, o
IIRSA-Sur, la corrupción se había producido incluso antes de la firma de
contrato entre el Estado y el consorcio de empresas constructoras.
A raíz de esto, José Manuyama, dinámico y honesto
maestro del Colegio Nacional de Iquitos y coordinador del Comité de Defensa del
Agua de Loreto, me pidió que diese una charla sobre el tema, reto que acepté.
Sin darme cuenta, Pepe se entusiasmó y anunció, a mí y al público invitado, que
la charla sería sobre “carreteras, transnacionales y corrupción”, es decir,
algo bastante más grande que lo conversado inicialmente. Otra vez asumí el reto,
y afortunadamente lo hice, porque en el proceso de reflexionar sobre cómo
organizar la charla, me di cuenta de varias cosas. Una de ellas es que lo que
está en la raíz de mi texto sobre IIRSA-Sur, que es el hecho de que la
finalidad de una obra es su construcción en sí misma por ser fuente de
ganancias espurias, pero disfrazadas de legales y de benéficas para el país, no
era algo exclusivo de esta iniciativa, sino que, por el contrario, varias de
las que se han propuesto en los últimos tiempos han sido pensadas con la misma lógica:
dar trabajo a empresas y producir utilidades a funcionarios mediante la sisa al
Estado.
La otra cuestión de la que me di cuenta es que no se
trata de hechos aislados debidos a un impulso del momento. No son hechos que tengan
que ver con aquel relato del burro que se defiende antes el juez, señalando que
la visión apetitosa del campo de alfalfa, lo había hecho sucumbir a la
tentación y llevado a derribar las cercas para devorar los verdes brotes. No,
no es así. Por el contrario, se trata de un bien montado sistema para que los
brotes siempre estén disponibles, a fin de satisfacer apetencias insaciables de
quienes, además, se cuidan de que ningún juez se interponga a su hambre. Por esto
es que el título de esta charla se pregunta acerca de si se trata solo de
corrupción o de crimen organizado.
Cuando se habla de corrupción uno tiende a pensar en
actos individuales y más o menos aislados. El diccionario Espasa Calpe la
define así: Soborno o cohecho: la corrupción de los altos cargos del
gobierno. || Perversión o vicio: corrupción de costumbres, de menores. Da una última acepción: Alteración
de la forma o estructura de algo: corrupción de la materia orgánica. Como
sinónimos de las dos primeras acepciones da: corruptela, depravación,
perversión, vicio, prostitución, envilecimiento y deshonestidad; y de la
tercera: descomposición, putrefacción, podredumbre, peste y fermentación.
Para el caso lamentable de lo que sucede en nuestro
país y que hoy emerge a la luz principalmente por las denuncias formuladas en
otros países, en especial Brasil, los Estados Unidos y Suiza, considero que
resulta más preciso y expresivo usar los términos que definen la descomposición
de la materia orgánica: putrefacción, podredumbre, peste. Sin embargo, tengo
una duda porque en el caso de la descomposición de la materia orgánica se trata
de un proceso íntimamente relacionado con el florecimiento de la vida que viene
después, como es fertilizar un campo para dar nacimiento a la floración y
fructificación de las plantas; mientras que en el asunto que nos atañe ahora,
el de la corrupción política, la experiencia nos da demasiados ejemplos de que
la putrefacción no es seguida por el renacimiento sino por mayor putrefacción.
Para muestra, un botón. Basta recordar el periodo
pasmoso que siguió a la caída del gobierno de Alberto Fujimori, cuando una
vertiginosa sucesión de videos dio cuenta de la venta al peso de conciencias de
jueces, empresarios, militares, periodistas, artistas y muchos más; y cuando la
información que salió a la luz puso en evidencia el aprovechamiento descarado
del aparato del Estado y de los fondos públicos para fines privados y
negociados, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
que recibieron armas caídas del cielo en paracaídas soltados por aviones
peruanos, a cambio de coca. ¿Con qué otra moneda podría pagar este ejercito
paralelo?
En ese momento, una primavera emergente anunció que la
podredumbre cumpliría el proceso natural de regenerar la vida. Un presidente
transitorio decente se rodeó de gente honesta para tratar de poner orden en la
casa, y se avanzó en este sentido, hasta que su sucesor devolvió las cosas a su
rumbo conocido, que gobernantes posteriores se han encargado de profundizar.
Con esta salvedad, de que en el caso de nuestra
política la putrefacción es seguida por mayor fermento y no por la regeneración
de la vida es que utilizaré este término.
Como se articula
la corrupción
Quiero diferenciar “casos de corrupción” con “crimen
organizado”, como ya lo he mencionado, para poner énfasis en el hecho de que en
este segundo, se trata de un sistema preparado para delinquir y sangrar al
Estado mediante mecanismos impuestos como parte de una legalidad armada. En Wikipedia
encuentro una interesante precisión. Dice: “La diferencia central entre crimen
organizado y grupo criminal, es que en el primero existen personas con los
vínculos necesarios para evitar ser perseguidos por los delitos que cometen o
evitar la pena o castigo de los mismos, y el grupo criminal no tiene estos
vínculos”. Observación exacta que es necesario recordar: el crimen organizado necesita
contar con una red de apoyo que incluya miembros del poder político, jueces,
policías, periodistas y de otras instituciones.
Para que el sistema funcione es necesario primero
capturar el aparato del Estado, lo que se logra vía elecciones en las que los
candidatos suelen prometer todo lo que posteriormente no están dispuestos a cumplir.
En los últimos tiempos, los ganadores han puesto en funcionamiento un mecanismo
llamado “puerta giratoria”, mediante el cual un empresario se convierte
transitoriamente en funcionario para, un tiempo más tarde, regresar a su
actividad privada. Es decir, una misma persona intercambia papeles. No es un
simple juego de roles, sino el aprovechamiento del espacio de la administración
pública para desde allí generar leyes y normas diversas que más tarde los
beneficiarán cuando retomen la actividad privada. Lo público se confunde con lo
privado. La distinción es solo aparente. Empresarios que se disfrazan de
funcionarios para producir normas en su favor, y cuando lo consiguen vuelven a
vestirse de gerentes. Cuando lo son, critican al Estado de ineficiente,
entonces retoman su disfraz y dan nuevas normas para eliminar lo que han
llamado la “tramitología”. En se momento caen los estándares ambientales y
sociales, y se rebajan, e incluso anulan, las multas por delitos ambientales e
incumplimiento o transgresión de derechos laborales. Dentro de esta lógica, se
insertan los llamados “paquetazos ambientales” que han demolido los avances que
se habían construido a través del tiempo para intentar que las actividades
productivas, y en especial las extractivas, se realicen respetando el ambiente.
En lo referente a las leyes, en el Perú existen los
llamados contratos-ley mencionado en el Art. 62º de la Constitución, mediante
los cuales: “el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No
pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que
se refiere el párrafo precedente”. Sobre esta base, el Estado cierra filas
cuando se le plantea la necesidad de renegociar un contrato desventajoso o
abiertamente lesivo para los intereses del país: no se puede cambiar nada, dice.
Esto no es exacto, ya que mediante negociación directa entre las partes sí se
puede llegar a un nuevo acuerdo.
Humberto Campodónico se ha referido a este tema en
un texto suyo (¿Se puede renegociar el
contrato del Lote 56 del gas de Camisea?), difundido en Otra Mirada (3.3.16). Según sus propias palabras: “La
cuestión es que, desde 1993 en adelante, se han suscrito más de 250
contratos-ley y la mayoría de ellos han sido renegociados (algunos de ellos
varias veces) lo que se plasma en la suscripción de una adenda, o varias, al
contrato-ley. Entre los más recientes: Centro Comercial Aventura Plaza,
Aeropuerto Jorge Chávez (6 adendas), Puerto de Matarani (Grupo Romero, 3
adendas), Ferrocarril del Centro (9 adendas) y Metro de Lima (3 adendas). // La
particularidad es que el 99% de las renegociaciones se han dado a pedido de la
empresa privada, casi nunca del Estado. Pero el Estado también le puede
plantear la renegociación a la empresa, por tales y cuales motivos. Y la
empresa tiene que sentarse a la mesa”.
Campodónico es exacto en su análisis, aunque se
quedó corto en el tema de las adendas porque en ese momento no se conocía la
magnitud de estas. Hoy se sabe que solo durante su segundo gobierno, el
presidente Alan García promulgó una ley, un decreto y 15 adendas que tuvieron
como beneficiaria principal a la empresa Odebrecht. (Ver sobre el tema “Alan en
el ajo”, de Américo Zambrano, en Hildebrandt
en sus trece. Nº 338. Año 7. 10 de marzo de 2017.)
Por otro lado, las leyes peruanas permiten que la
empresa ganadora de una licitación negocie sus derechos con un tercero. Se
trata de una disposición absurda porque durante la evaluación de los postores
el Estado califica sus conocimientos y experiencia en la materia del contrato,
y sobre esta base aprecia si estos están de acuerdo con los montos que está
dispuesto a pagar por sus servicios. Esto no pasa con el subcontratado, cuya
elección queda en manos del titular del contrato. En la transacción, este
último retiene a su favor una parte del pago efectuado por el Estado. Es decir,
gana dinero pero no hace nada. Si el Estado estableciera un acuerdo directo con
empresas de menor calidad como las que subcontratan los titulares, les pagaría
menos y evidentemente ahorraría dinero. En este caso no ahorra sino que
benéfica a una empresa parásita que no ejecuta la obra.
El crimen organizado impone un uso arbitrario de las
normas de excepción. La opción recurrente es declarar de interés nacional una
iniciativa para así levantar las restricciones que puedan pesar sobre ella.
No obstante que la Constitución (Art. 62ª) establece
severas restricciones que señalan que los extranjeros “no pueden adquirir ni
poseer, por título alguno, minas,
tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni
indirectamente, individualmente ni en sociedad, [...salvo...] el caso de necesidad
pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de
Ministros conforme a ley”, hasta hace pocos años la totalidad de las fronteras
peruanas estaban entregadas a empresas con fines de exploración o explotación
de minerales, hidrocarburos y otros recursos. Si esto ya no es así es porque la
cuenca del Putumayo, en ausencia de recursos petroleros, ha sido eliminada de
las zonas ofertadas por el MINEM. Si la excepción se convierte en la regla, tal
vez sería necesario reformular la redacción de ese artículo de la Constitución.
Podría ser: “todos los extranjeros pueden adquirir y posee..., salvo casos de
necesidad pública”.
Varios de los proyectos que hoy son materia de
investigación han apelado con éxito a mecanismos de excepción establecidos en
la ley. Entre ellos, se cuenta la Transoceánica-Sur o IIRSA-Sur que fue considerado
una iniciativa de interés nacional, razón por la cual se la liberó de realizar
los trámites previstos en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Es
claro que la liberación de estos trámites implica un menor control por parte de
los entes supervisores del Estado.
Por último, para que el sistema legal sea funcional
a los intereses que defiende el crimen organizado es indispensable contar con
un Poder Judicial atento a las órdenes que se le den. Los mejores ejemplos de
esto los tenemos de la época cuando el presidente Fujimori dirigía el país. Jueces
y fiscales estaban al servicio de un sistema minuciosamente organizado para
delinquir. Pero sería injusto limitar el comportamiento doloso de jueces a esa
época.
El tema no se agota en cuestiones legales. El
lingüista Noam Chomsky ha elaborado una lista de las “Diez Estrategias de
Manipulación” a través de los medios de comunicación. Él señala: “El
elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que
consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de
los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la
técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones
insignificantes”.
Ejemplos de esto sobran en nuestro medio. Los
llamados programas de la farándula emitidos por algunos canales se convierten
luego en tema de los noticieros de esas emisoras, que dedica el resto del
tiempo a sucesos que alimentan el morbo de la población (robos, asaltos,
asesinatos, violaciones, accidentes y otros), pero evitan cuidadosamente
reflexionar sobre los hechos importantes que afectan al país.
Las modalidades
Con el poder en las manos, las modalidades de la
corrupción se abren como un amplio abanico. La apropiación directa de bienes destinados
a fines sociales, o incluso a paliar las consecuencias de graves desastres, es
la más bruta y burda de ellas. Por ejemplo, las donaciones de ropa para gente
necesitada de las que se apropiaron hermanos del presidente Fujimori para
instalar un negocio en que las ofertaban como mercadería de venta. Hace parte
de esta modalidad el aprovechamiento de situaciones de tragedia para robar, por
ejemplo, sobrevaluando obras o el precio de maquinarias destinadas a atender
desastres causados por un sismo, un incendio o una inundación. Si por patria se
entendiera no solo la reproducción de gestos formales que no comprometen, sino la
responsabilidad que deben tener funcionarios y ciudadanos en general con la
vida y la dignidad de la gente y el destino de la Nación, hechos tales de
corrupción serían considerados auténticos actos de traición a la patria.
Sabemos ya del tema de las adendas a los contratos y
de los beneficios generados a través de la “puerta giratoria”, utilizada para
dar normas que luego benefician a empresas de las cuales los funcionarios
temporales son dueños o accionistas principales.
El tema de las Asociaciones Publico Privado es una
manera mediante la cual la empresa privada utiliza fondos del Estado para
financiarse. La modalidad de “obras por impuestos” es otro mecanismo para
sangrar al Estado. Consiste en que este, en vez de cobrar un tributo, le da la
opción a la empresa de ejecutar obras. ¿Por qué le puede interesar a la empresa
privada un mecanismo de este tipo que le añade la preocupación de ejecutar una
obra o velar por su cumplimiento? Considero por dos razones: por la rebaja de
impuestos que debe estar implícito en el acuerdo y por la posibilidad de subir
los costos de la obra para así descontar mayores impuestos. Si la empresa
gastase lo mismo pagando impuestos que ejecutando obras a cambio de estos, es
lógico que optaría por lo primero que de una vez la liberaría de su obligación
con el Estado.
Me pregunto si el tema de los llamados “paquetazos”
ambientales y sociales, compuestos por decenas de normas legales que declaran
como finalidad la reactivación económica del país, no son también una modalidad
de corrupción. ¿Por qué? Porque evidentemente no han cumplido con su objetivo,
y no lo han hecho porque no constituyen medidas adecuadas para superar la
crisis. Esta, como lo han señalado hasta el cansancio especialistas en temas
económicos, se debe a la caída de los precios de los productos de exportación
del Perú (principalmente minerales) en el mercado internacional, lo que quiere
decir que mientras estos no se incrementen, la reactivación será una quimera.
¿Para qué entonces los “paquetazos” y cómo así estos pueden ser considerados
estrategias de corrupción? Porque preparan el camino para el reingreso
triunfante de las empresas una vez que los precios de los productos se
incrementen. Entonces ellas contarán con condiciones favorables, libres de
barreras laborales y ambientales. La asociación pública privada habrá
demostrado su eficiencia.
Para entrar en la última parte de esta exposición,
me voy a referir a una modalidad que se ha impuesto con fuerza desde hace ya algunas
décadas como estrategia del crimen organizado, aunque recién ahora comienza a
hacerse evidente. Se trata de concebir a los proyectos como una finalidad en sí
misma, sin tener en cuenta si verdaderamente las obras servirán o no para los
fines que dicen perseguir.
El ejemplo de la Transoceánica-Sur es uno. La declarada
finalidad de esta vía para captar el beneficio de las exportaciones de carne y
soja de Brasil, como ha quedado demostrado, era una patraña, ya que varios años
después de construida la carretera, ningún camión (no es una figura retórica es
un dato: ni uno) procedente de ese país la ha atravesado para llevar su carga a
Ilo o Mollendo.
El caso de las centrales hidroeléctricas es parecido.
Han sido sobredimensionadas con el mismo fin señalado en el punto anterior:
ganancias para las empresas constructoras y coimas para los funcionarios. En
abril de 2009, el gobierno del presidente García firmó un memorando de
intenciones con Brasil para construir centrales hidroeléctricas en la Amazonía.
Parte de la energía sería para abastecer el país y la otra, para venderla a
Brasil. Estas centrales incluyen la de Inambari, en Madre de Dios, cuyo embalse
destruiría muchos kilómetros de la recién construida Transoceánica-Sur, además
de inundar territorios indígenas y asentamientos de colonos; y la de
Paquitzapango en el Ene, que desplazaría unas 10 000 personas, ashaninkas en su
mayoría, al quedar su territorio bajo agua. Esta última ha sido frenada por la
Central Ashaninka de Río Ene.
El Ministerio de Energía y Minas maneja sus propias
propuestas, que son más que las antes mencionadas. Dourojeanni et al (Amazonía peruana en 2021. Lima, 2010)
presentan un cuadro de “Proyectos de infraestructura de energía hidráulica en
la cuenca amazónica del Perú 2009-2021” que incluye 52 proyectos, algunos de
los cuales afectarán directamente a pueblos indígenas, como los de Manseriche,
Tsomabeni Tambo-Puerto Prado y Mazán.
Como si esto fuera poco, el gobierno del presidente
Alan García promulgó, en abril de 2011 (muy poco tiempo antes de dejar el
cargo), un decreto Supremo declarando de interés nacional y social la construcción
de 20 hidroeléctricas solo en la cuenca del Marañón, dos de las cuales afectarán
a población indígena (Escurrebraga y Manseriche) y el resto, a campesinos
andinos.
Todas estas iniciativas sumadas producirán energía
eléctrica que supera las necesidades del país. La finalidad subyacente a ellas parece
ser entonces darles trabajo e ingresos a empresas brasileñas y canalizar pagos
bajo la mesa (coimas) a funcionarios peruanos.
Hoy día la tragedia ha caído sobre el país a raíz de
las lluvias que han destruido viviendas e infraestructura. Se necesitará de una
fuerte inversión para salir adelante y recuperar las pérdidas. Es un momento de
demostrar solidaridad y de tener cuidados especiales para evitar que los
buitres se aprovechen de la desgracia.
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