A la memoria del hermano Paul McAuley, defensor de la Amazonia y los pueblos indígenas.
Fuente: proyectosapp.pe
El dragado que se pretende construir,
en el que viven las etnias que se verían directamente afectadas, Achuar,
Asháninka, Awajún, Bora, Kapanawa, Kichwa, Kukama-kukamiria, Murui-muinani,
Shawi, Shipibo – Konibo, Tikuna, Urarina, Yagua y Yine, casi un total de 424
comunidades nativas en los trece “malos pasos”: entre los ríos Marañón y
Amazonas, tramo Saramiza-Iquitos-Santa Rosa; río Huallaga tramo
Yurimaguas-confluencia con el Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa-confluencia
con el Marañón, es una obra que se ha asumido sin tener en cuenta la opinión de
los pueblos indígenas y ribereños; peor aún, sin la menor observación de los
tratados y las leyes que preservan la República Peruana. Teóricamente buscan
habilitar la navegación para el comercio internacional sin ninguna base real,
como vemos que sucede con la nula conectividad de la carretera IRSA sur, que
solo sirve para comercio ilegal, deforestación y narcotráfico.
A decir de los líderes de la etnia más numerosa,
Kukama-kukamiria, los ríos son más que canales de transporte, han mantenido a
múltiples culturas por miles de años y lo siguen haciendo con gran parte de la
población en sus riberas, sobre todo en la ciudad más grande de Loreto,
Iquitos.
No hablemos del sentido que tiene el río en la población
indígena diferente del pensar occidental que entiende la naturaleza como
recurso para explotar y destruir. Para los Kukama-kukamiria, que se hacen
llamar también hombres de río o agua, y que viven en el lugar, significa su
buen vivir día a día; para ellos la naturaleza tiene madre y está fuertemente
ligada al agua y a su preservación. Precisamente los mal llamados “malos pasos”
a dragar son los lugares a los que acuden los peces tanto
para reproducirse como para alimentarse y donde la población los pesca.
Esto, que son los “malos pasos” para el navegante -comerciante u
occidental- son precisamente lo que se
pretende desaparecer sin tener la más mínima idea de lo que se va a destruir en
nombre de la modernidad o el negocio.
Como lo comentan los padres Cadenas y Berjón de la Parroquia Santa Rita de Castilla del río Marañón, a
decir de los Kukama–kukamiria: cuando una persona se acuesta con sed, su cabeza
sale del cuerpo en la noche para tomar agua. El peligro consiste en que al
regreso de la cabeza al cuerpo no se ajuste adecuadamente, sino que se
posicione de lado o hacia atrás, mirando a la espalda. En ese sentido la
persona no se puede levantar en la mañana porque está enfermo. Tiene que
esperar que otra noche salga la cabeza y al regreso se acomode adecuadamente.
No tiene nada de casualidad que el Apu Alfonso López Tejada, Kukama, refiera respecto de la siempre en peligro
Reserva Nacional Pacaya-Samiria: no estamos dentro de la Reserva, la Reserva
está dentro de nosotros.
Hemos visto grosso modo lo referido al habitante de la selva, indígena,
ribereño o bosquesino, como lo señala Jorge Gasché y pasemos a las
consideraciones de conectividad y desarrollo que se pretende según los cánones
occidentales de modernidad. Según Pro Inversión la Hidrovía Amazónica permitirá
la navegación por los ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas, dragando lo
que llaman “malos pasos”, durante las veinticuatro horas del día, los
trescientos sesentaicinco días del año. De acuerdo a este proyecto se trataría
de dragar los trece “malos pasos” detectados en el curso de los ríos
mencionados y que dificultan la navegación. El grave problema es que no se ha
considerado en primerísimo lugar la opinión de la población, soslayando los
estudios de impacto ambiental y arguyendo que el proyecto tiene argumentos de
servicio público.
También es grave que las políticas públicas que aplica el gobierno, sin
consentimiento, participación o consulta ciudadana, no haya tenido éxito o no
haya significado beneficio para el interés común, sino que han sido graves
violaciones a los derechos humanos, precisamente de las poblaciones indígenas.
No es admisible que porque se crea, como lo cree el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, se trata de un servicio
público, tenga que ser admitido con la absurda idea de que será beneficioso. Es
de aquí que nace la necesidad de un estudio previo conjunto, coordinado y
participativo con los ciudadanos, de las consecuencias sociales, económicas,
ambientales y por encima de todo, de los derechos fundamentales que se verían
afectados.
Trascribo párrafos de la entrevista que le hiciera Alberto
Chirif, reconocido antropólogo con más de cuarenta años de beber de la
sabiduría indígena y popular, a don Francisco Confesor Lachos, presidente de la
Asociación de Armadores Fluviales de Loreto:
… ¿Y
el impacto ambiental molestando a los peces? Una vez que tocas el
fondo empieza a desbordarse. No habrá playas, tampoco peces. Las cochas van a
empezar a escurrir y poco a poco, se van a secar. El agua es viva. El río tiene
su recorrido. ¡Así! [Dibuja imaginariamente los meandros]. Cada lugar
almacena alimento para los peces. En todo el río hay peces. Pero al dragar eso
va a quedar como el Mississippi, ya no hay vida, no hay peces, no hay nada. Su
mercado de los ribereños, el mercado de los pucallpinos, de los yurimagüinos,
de todos, en peces va a desaparecer. Al no haber playa ya no sembrarán [la
agroforestería familiar se desarrolla sobre todo en los barreales, es decir, en
los suelos limosos que dejan los ríos luego de la vaciante]. Sus productos,
los que viven en la ribera y viven de su productito de su maíz, su frejol, su
soya, sus sandías, todo, ya no habrá. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a quedar
abandonados, sin mercado. Es su vida de ellos. ¡Y cuántos miles de años esa
gente vive en las riberas!
O
sea simplemente el gobierno, por hacer una cosa ilegal que el pueblo no
necesita, está haciendo este proyecto. Nosotros navegamos todo el año, hay tres
meses que hay un poquito de dificultad, pero nunca se ha dejado de
navegar de noche y de día. Tres meses hay vaciante en el río: junio, julio y
agosto. Esos tres meses se navega con tres cuartos de carga. La que carga 1500
toneladas carga 1000 y listo. Es el antojo del gobierno y las autoridades que
están corruptas. Quieren hacer un negocio para apropiarse del dinero del Estado
y del dinero de nosotros.
Hay
pocos encallamiento. Poquititos. Con reducir un porcentaje de la carga, normal
se navega todo el año y las 24 horas, día y noche. Dicen que van a dragar 13
puntos. ¡Qué son 13 puntos a lo largo de ríos de diferentes longitudes que
tenemos! No es nada. ¿Para qué? Para que se lleven los 27 millones de dólares
que ya le dieron a los chinos de Cohidro. Esa plata se necesitaba para hacer
colegios, hospitales, para darles luz, agua y desagüe a esos pueblos que viven
en la oscuridad, viven abandonados, No tienen nada, un desagüe, agua, no tiene
educación…”
En conclusión, debemos
señalar que la Primera Sala Constitucional en el proceso que se iniciara el 8
de mayo de 2018, rectificando su Resolución N° 4, el 19 de febrero de 2019
ordenó que se admita a trámite la Acción de Amparo que la ORPIO (Organización
Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente) y AIDESEP (Asociación Interétnica
de Desarrollo de la Selva Peruana) contra el Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). Esto significa que el
Poder Judicial deberá buscar que se apruebe el Estudio de Impacto Ambiental
Detallado (EIA-d) previa consulta con los pueblos indígenas salvaguardando sus
derechos colectivos y el cumplimiento de la normativa legal sobre Consulta
Previa.
Fuentes: