Alberto Chirif
Virginia Zavala
La semana pasada han
circulado por las redes sociales comentarios escuetos y aislados de Ricardo Vásquez
Kunze, director del Fondo Editorial del Congreso, y de Juan Carlos del Águila,
congresista de la República por Fuerza Popular. El primero lanza su opinión respecto
a la política de lenguas del Estado y, el segundo, propone concentrar a la
población rural amazónica, a fin de que el Estado pueda atenderlos con
servicios. El antropólogo Alberto Chirif y la sociolingüista Virginia Zavala les
responden.
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Las comunidades
deben emigrar a donde haya mejores condiciones para vivir,
para desarrollarse, para progresar. El estado no puede licuar el presupuesto
para atender con los servicios básicos a 500 pueblitos, es mejor concentrarlos
en poblados intermedios y allí el apoyo del estado será más efectivo.
Juan Carlos del Águila. Congresista
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¿Qué hay detrás de la afirmación del congresista del
Águila de que el Estado debe concentrar a la población rural para darle
servicios? La respuesta se puede sintetizar en una sola palabra: ignorancia.
Ubicamos rápidamente la trayectoria profesional y
política del congresista. Es natural de Iquitos y estudio, sin concluirla, la
carrera de Administración en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
(UNAP). Sin embargo, esto no le ha impedido ocupar importantes puestos en
instituciones del Estado: asesor del Ministerio
de Vivienda en 2007 y del Ministerio de Salud en 2008; y privadas: las
jefaturas de las AFP Horizonte y El Roble en la década del 1990. En el 2002 fue
elegido alcalde provincial de Maynas por el partido aprista, pero no logró la
reelección en 2006. Luego de acercamientos con el
Movimiento Integración Loretana (MIL) y con Fuerza Loretana, señaló que solo
evaluaría alianzas con Mi Loreto y con Fuerza Popular. Concretó su unión con el
fujimorismo y fue elegido congresista para el periodo 2016-2021. En 2017 fue
interrogado por el Ministerio Público como parte de la investigación por las
presuntas irregularidades cuando era alcalde de la provincia de Maynas en la
obra "Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable y Alcantarillado de la
ciudad de Iquitos", ejecutada por la empresa brasileña Odebrecht.
Ese mismo año, su hermano Juan Manuel fue contratado
como asesor de la Jefatura Zonal de Iquitos de la Superintendencia Nacional de
Migraciones. Fuentes periodísticas han señalado que el congresista influyó en esto,
a pesar de que la Ley de Contrataciones del Estado prohíbe que familiares de congresistas tengan contratos con las entidades de
gobierno.
Del Águila se refiere
a “500 pueblitos”. Se equivoca. Según información comprobada del Instituto del
Bien Común (Las
comunidades que mueven al país. El estado de las comunidades rurales en el Perú.
Lima, 2012) existen 2274 comunidades nativas en la Amazonía, de las cuales 1271
tienen títulos de propiedad sobre sus tierras. Entran también en la categoría
de “pueblitos”, 2400 comunidades campesinas-ribereñas. Cada
una de estas categorías alberga medio millón de habitantes. ¿Cómo hacemos,
congresista, para dar paso a la solución que Ud, plantea? ¿Que se junte un
millón de personas y abandonen sus tierras, porque, como comprenderá, estas no
se pueden concentrar? ¿Pero entonces, de que van a vivir? ¿O lo suyo es parte
de una estrategia similar a la del “perro del hortelano” para despojar de las
tierras a indígenas y campesinos para ponerlas al servicio de empresas?
La concentración de los pobladores indígenas en el Perú
y otros países de la América del Sur es una historia antigua y siempre ha
prometido lo mismo: mejoras, progreso y desarrollo, aunque en sus inicios también
prometía la salvación eterna, ya que esta política fue impulsada por misioneros
durante la Colonia. Después vinieron los patrones que siguieron concentrando a
la población para disponer de mano de obra y liberar tierras que pasaron a ser
propiedad de ellos. La expansión de las escuelas, a partir de la década de
1950, hizo lo mismo: concentrar para el progreso, pero en realidad impartieron,
e imparten, una educación que a la gente no le sirve más que para dejarla en el
medio de la nada, ya que por asistir a ellas pierde los conocimientos que su
sociedad le proporcionaba para vivir en el bosque y no adquiere aquellos
necesarios para, por ejemplo, ingresar a la universidad y, claro, terminar los
estudios.
Pero no hace falta irse muy lejos para aprender que
las mejoras no dependen de la concentración. Iquitos es una gran concentración
de moradores que, a la fecha, supera el medio millón de personas, es decir, una
cantidad similar a la que tienen, cada una por su lado, las comunidades nativas
y las comunidades ribereñas. ¿Piensa Ud., congresista, que ellos han logrado
una buena atención el Estado? Dese una vuelta por los barrios periféricos de
Iquitos para que vea cómo son las cosas, aunque a veces no es necesario ni
siquiera eso, porque los desastres pueden verse en el mismo centro de la
ciudad. Por ejemplo, el servicio de agua. Gran parte de la ciudad de Iquitos
carece de él, no obstante haber Ud. contratado a la empresa Odebrecht para que
amplíe y mejore la red de agua potable y alcantarillado. Más aún, en las mismas
zonas donde se han instalado tanques elevados –Ud. recordará como muchos de
ellos presentaban filtraciones de agua- la gente dispone de agua solo en las
madrugadas. Pero podemos mencionarle otros servicios: pistas, alumbrado y, por
supuesto, salud y educación públicas. ¿La concentración de esa población ha
significado que mejoren sus condiciones de vida, ha implicado un avance en la
conciencia ciudadana para para el mayor respeto a la vida y a la tranquilidad
de las personas? Las condiciones del tráfico y de la contaminación sonora en la
ciudad, respecto a las cuales Ud. no hizo nada para mejorarlas cuando fue
alcalde, indican que no es cierto que la concentración obre los prodigios que
Ud. le atribuye.
Muchos iquiteños que llegan a ocupar cargos de poder
no conocen la Amazonía y su reclamo de amazónicos es solo por haber nacido en
la región, no por conocerla. Por eso al hablar no hacen otra cosa que desenrollar
una sarta de prejuicios, de lugares comunes, de trivialidades, de clichés que
lo único que exhiben de verdad es la ignorancia de quienes los exponen.
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El propósito que subyace a esta política de Estado es la integración
nacional. No estoy de acuerdo y creo es un error garrafal de la política
cultural de este régimen, porque es muy probable que se produzca el efecto
contrario, es decir, la desintegración nacional de aquellos compatriotas que
tienen limitaciones para contactarse con el único idioma que integra en la vida
real a todos los peruanos: el castellano.
Ricardo Vásquez Kunze,
director del Fondo Editorial del Congreso
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El reciente comentario de Ricardo Vásquez Kunze
revela una total ignorancia del tema y un desconocimiento en torno a la
discusión internacional sobre la recuperación de las lenguas originarias como
derechos humanos. Nadie podría sostener la afirmación de Vázquez en otros
países sin caer en el ridículo. Es interesante darnos cuenta que cuando algunos
políticos se sienten amenazados por coyunturas donde se generan avances
importantes, recurren a este tipo de declaraciones desconcertantes para el más
mínimo sentido común.
Así como del Águila muestra un desconocimiento sobre
la realidad de las comunidades (¿500 pueblitos?), Vásquez ignora no solo la
realidad lingüística peruana sino principios básicos de teoría lingüística. No
se da cuenta de que las lenguas no son meros instrumentos de comunicación, sino
instancias centrales en la vida de las personas para establecer vínculos,
desarrollar identidades, generar aprendizajes y construir sentidos de
comunidad. Las lenguas no son sistemas abstractos que pueden ser rápidamente
reemplazados por otros, sino recursos simbólicos que son parte de prácticas
sociales para enfrentar la vida y relacionarnos con los demás. Así como no se
puede hacer que un millón de personas abandonen sus tierras, tampoco se puede
castellanizar a toda la población sin que haya violencia, injusticia y
violación de derechos humanos. ¿Qué es lo que quiere Vásquez? ¿Que todos
bailemos marinera y prohibamos los huaynos? ¿Que todos comamos cebiche y
censuremos la pachamanca?
Pero lo que más llama la atención en el discurso de
Vásquez –que nuevamente lo asemeja al de del Águila- es la ingenuidad que
muestra al proponer que el castellano nos “integrará” como nación. Esto parece
un argumento difícil de creer desde la lógica más básica. Así como la mejora de
las condiciones de vida de las personas no depende de la concentración de las
comunidades en contextos urbanos, la integración nacional tampoco depende de
hablar el castellano como única lengua. La desintegración actual no está dada
por lo lingüístico, sino por un centralismo que margina, por un racismo que
separa a ciudadanos de primera y segunda clase, por una herencia colonial que
siempre ha jerarquizado a los peruanos, por un autoritarismo que se impone día
a día y, sobre todo, por un sistema económico que promueve la corrupción, que
no distribuye bien la riqueza y que facilita la explotación de unos sobre
otros.
En las últimas décadas, la desintegración se
reproduce, además, por una cultura neoliberal que promueve una competencia
salvaje, bajo la premisa de ¡sálvese quien pueda!, donde los poderosos siguen
aprovechándose de todos y donde el sentimiento de comunidad está cada vez más
lejos de existir. Es iluso pensar que, en un contexto de corrupción política y
explotación económica, la integración vaya a ocurrir cuando todas las personas
sepan castellano (y además hayan abandonado las lenguas de sus tradiciones).
¿Acaso Vásquez creería que nos vamos a “integrar” pagando bajos salarios, no
reconociendo derechos laborales, y teniendo un sistema de salud excluyente?
¿Acaso Vásquez creería que todos debemos cantar música criolla y que el huayno
nos desintegra?
¿Por qué se sigue recurriendo a un argumento
decimonónico sobre la lengua como integrador nacional? Es claro: se trata de
una simple estrategia ideológica que busca esconder el estado actual de las
relaciones económicas (y morales) y además responsabilizar a la población por
su propia falta de integración nacional. El texto de Vásquez lo hace muy bien,
pues pareciera que “aquellos compatriotas” (como los llama él) parecen ser los
únicos responsables de su propia integración debido a sus “limitaciones” con el
castellano. Algo parecido sucedió, décadas atrás, con el argumento sobre el
analfabetismo. En el discurso conservador (y colonialista), los analfabetos
aparecían como los supuestos responsables de su pobreza por no saber leer y
escribir.
Todos sabemos que en el mundo de hoy el
monolingüismo es una limitación. Ahora necesitamos saber inglés y otras
lenguas, pero también aquellas de nuestra propia tradición. Los que hoy
reclaman estas lenguas en el Perú son muchísimos ciudadanos que ya hablan
castellano, que viven en las ciudades y que quieren recuperar, usar o hasta
aprender una lengua originaria porque ahora ello constituye un recurso (también
económico) para su trabajo y sus vidas. No quieren preservar las lenguas
indígenas en un museo. Quieren usar varias lenguas y participar en una
comunidad global desde sus identidades locales. Si hay millones de ciudadanos
que reclaman el derecho a su lengua, cualquiera podría preguntarse quién es el
Sr. Vásquez para prohibirles este derecho.
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