A raíz de un
asesinato-cuyos detalles expongo más adelante- y el comportamiento de las
instituciones encargada de velar por la paz y la justicia en el país, Marco
Ramírez Colombier, del Programa de
Cultura y Comunicación Indígena, de la institución Chirapaq, me ha pedido
responder las siguientes preguntas:
- ¿Cuáles, en su opinión, son las
razones de fondo para la falta de protección por parte del sistema de justicia
hacia las mujeres indígenas?
- ¿Qué debe hacer el sistema de Justicia
para evitar que sigan ocurriendo este tipo de casos?
*****
Creo que la falta de protección en el sistema
judicial es un problema general que afecta tanto a mujeres como a hombres
aunque, como lo digo más adelante, en efecto si la víctima es mujer y además
indígena, la desprotección se agrava. Existe una canción de Rubén Blades llamada
“Desaparecidos”,que se refiere a personas secuestradas por las dictaduras que
nunca vuelven a aparecer y a las que solo raras veces se les hace justicia. En
una parte de la canción el coro pregunta: “¿Y por qué es que se desaparecen?” y
el cantante (Blades) responde: “Porque no todos somos iguales”.
No obstante que la canción da cuenta de una realidad
específica, como es la prepotencia e injusticia instaladas por regímenes
dictatoriales, la pregunta que formula y la respuesta que da son perfectamente
aplicables al caso de doña Rosa Andrade Ocagane, de 67 años de edad, del pueblo
indígena Ocaina, asesinada el 25 de noviembre de 2016, en su comunidad, Nueva
Esperanza, ubicada en el río Yaguasyacu, afluente del Ampiyacu, en el distrito
de Pebas, provincia de Ramón Castilla, en Loreto. Es decir en un lugar remoto,
“donde el diablo perdió el poncho”, para decirlo con un lugar común, aunque el
hecho en sí –la lejanía- fue un criterio determinante en la actuación de las
autoridades que debieron investigar el crimen.
Así es. En el Perú no todos somos iguales, y las
desigualdades están determinadas por el acceso al poder, el cual depende de
cuánto dinero tiene una persona. Doña Rosa Andrade poseía como mayor riqueza su
alma hermosa, su simpatía y su sabiduría para vivir con alegría. Es decir,
cualidades preciosas, inmejorables, pero ninguna con valor de mercado que es lo
que otorga poder a una persona en una sociedad marcada por las desigualdades,
como la peruana. En esta, tener dinero convierte a una persona en respetable y
digna de ser tomada en cuenta en caso de que sea víctima de algún atropello. Si
el dinero le ha permitido acercarse a los círculos de poder político-ministros,
funcionarios de alto rango o al mismo presidente-su respetabilidad se acrecentará
y la atención que la justicia le preste será mayor. Recuerdo, aunque no con
detalles, el caso de un personaje amigo del expresidente Alejandro Toledo que
sufrió el secuestro de un familiar. La policía en pleno se movilizó y lo encontró
en tiempo récord. En cambio, otros que carecen de estos vínculos nunca llegan a
encontrar a sus allegados, unas veces por falta de empeño de las autoridades y
otras, porque estas obstruyen cada intento.
Pero las relaciones de poder no siempre están al
servicio de una causa que, no obstante las motivaciones, de todas maneras
podemos calificar de positiva, como es encontrar a una persona secuestrada o a
los responsables de un robo. En el ejemplo que he citado, no cuestiono el
resultado sino el método que privilegia un caso y olvida cientos igualmente
dramáticos. Los recientes audios difundidos por los medios han dado pruebas irrefutables
de algo que ya se sabía en el país: la corrupción en el Poder Judicial y la
manera cómo asesinos, ladrones, violadores y, en definitiva, todo tipo de
delincuentes, negocian con sus colegas vestidos de jueces, las penas, los
plazos, las inocencias y las liberaciones.
Doña Rosa, que en su corazón bueno no debe haber ni
siquiera imaginado la existencia de tramas tan perversas, no fue víctima de una
conspiración maligna de jueces que negociaron la libertad de su presunto asesino
a cambio de dinero, recurso que con seguridad este tampoco debe haber tenido.
Fue sí la victima de la sentencia pronunciada por Blades, de que no todos somos
iguales, e instalada en la sociedad peruana. Fue víctima del loco que la mató
(ninguna persona en su sano juicio hubiera podido cometer acto tan bárbaro
contra una mujer buena e indefensa) y, luego, de un sistema establecido para
cumplir con la apariencia de que el Estado está presente. Una Policía aburrida
en su emplazamiento, un triste recinto en Pebas, la capital distrital, sin
dinero para la gasolina que le permite trasladarse-en algo más de una hora-
hasta una comunidad a la que probablemente nunca antes ha visitado. Pero al
final tuvo que ir para recibir al sospechoso que la comunidad, en la que todos
son familiares, había capturado. Recogió el machete manchado de sangre del
capturado, supuesta arma asesina, y lo envió, junto con su dueño, a
Caballococha, capital provincial, ubicada a muchas horas aguas abajo de viaje
en lancha de pasajeros. Allí funciona la Fiscalía que también cumple con el
rito de la apariencia, de la fantasía, que satisface al Estado.
En la Fiscalía se interroga al sospechoso que dice
que él no fue y que la sangre en el machete es de una animal que ha destazado.
Listo. No se compara la sangre de la herramienta con la de la víctima ni, según
la Defensoría del Pueblo, la que mancha la ropa del sospechoso con la de doña
Rosa, cuyo cadáver tampoco es revisado para ver si tiene algún resto (cabellos,
piel u otros) que permita establecer una relación con el sospechoso. Después de
esta investigación, el Juzgado de Paz Letrado de la provincia declara infundado
el pedido de prisión preventiva que había formulado la Fiscalía, y ante esto, esta
última solicita el archivamiento del caso. Y así se hace.
Lo concreto, sin embargo, es que doña Rosa fue
asesinada. Si no fue el sospechoso, ¿quién fue? Los casos penales, a diferencia
de los civiles, no son susceptibles de ser negociados entre las partes. En
estos, el agraviado es el Estado que tiene el mandato, como fin supremo, de defender
a la persona humana y respetar su dignidad. Así lo dice la Constitución en su
primer artículo. Archivar un caso por flojera y por eludir las incomodidades de
tener que investigar, actitudes que se manifiestan en este caso por tratarse de
una víctima que reúne todas las características que identifican a los grupos
más vulnerables de nuestro entramado social, es una actitud que abiertamente
transgrede lo establecido en dicho mandato. Esas características son-sin que el
orden en que las enumero implique necesariamente prioridad-: indígena, mujer y
sin poder. Son las que determinan que no todos somos iguales.
Qué debe hacer el sistema de justicia para evitar
que sigan ocurriendo casos como este, tal vez no sea una buena pregunta. Un
poco más adecuado sería decir qué se debe hacer con dicho sistema para lograr
ese fin, aunque la pregunta más precisa sería indagar acerca del tipo de
sociedad que tenemos, que es la que permite que el Poder Judicial y el Estado actúen
de la manera cómo lo han hecho, y preguntarse qué hay que hacer para cambiarla.
Y acá un paréntesis. Dentro del Estado ha habido
algunas voces fraternas interesadas en buscar la justicia, pero que se encontraron
con el tapón, elaborado con una argamasa de indiferencia y racismo, de quieren
toman las decisiones que bloqueó cualquier avance. Por parte de la sociedad
civil, lamentablemente la actitud ha sido similar: informes breves, asépticos
para cumplir con las formas, con el rito de la apariencia, pero sin ningún
compromiso. Hubo excepciones, claro, y menciono dos: la periodista Rocío Silva
Santisteban, que recurrió a cuanta instancia pudo para que se conozcan los
hechos y se logre la justicia; y Chirapaq que se involucró sinceramente y puso
su experiencia y prestigio en la misma dirección.
¿Qué hay que hacer para cambiar una sociedad que prejuzga
a una persona por lo que tiene y no por su condición de ser humano, para
enfrentar y derrotar el racismo y el machismo, para permitir un acceso
equilibrado de sus ciudadanos al poder, el poder de alimentarse, de vestirse,
educarse, vivir en un lugar digno, tener asistencia de salud y ser escuchado
por las autoridades que administran justica? ¿Qué hay que hacer para cambiar
esta sociedad desde sus raíces y lograr que la gente viva con alegría y
esperanza?
No hay respuestas sencillas, solo un reto grande.
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